El caso Milagro Sala

El pasado martes 16 de febrero, la activista social Milagro Sala cumplió un mes encarcelada en la provincia de Jujuy, Argentina. El Papa Francisco le enviaba un rosario en señal de apoyo mientras seguía sin reunirse con el nuevo presidente argentino, Maurizio Macri. Ese mismo día y los siguientes, una serie de movilizaciones paralizaban los accesos a Buenos Aires y otros puntos del país pidiendo su liberación. Mientras tanto, la Fiscalía de Jujuy continuaba una investigación contra ella que apuntaba a cargos del saliente gobierno de Cristina Fernández, mientras se publicaban datos sobre las presuntas prácticas mafiosas de Sala y la organización que preside, Tupac Amaru, en el uso de las subvenciones para construcción de viviendas en su provincia.

El caso de Milagro Sala, a la que media Argentina tilda de mafiosa y la otra media de mártir del activismo social, ilustra el estado de crispración política que vive el país tras el cambio del Kirchnerismo al ya llamado Macrismo y las reformas -o contrarreformas- del nuevo presidente. Dos acampes ya levantados -uno en Jujuy y otro en la Plaza de Mayo- y las movilizaciones de las últimas semanas más las que están por venir muestran como su detención ha aglutinado a las organizaciones sociales opuestas a Macri aunque no fuesen ‘pro-K’.

Milagro Sala es la líder a nivel nacional de la Asociación Barrial Tupac Amaru -bautizada así por el líder de una revuelta inca contra los conquistadores españoles-, originaria de Jujuy y conocida por sus logros en obra pública gracias a la subvenciones para viviendas de la época del Kirchnnerismo. El método de trabajo de la Tupac ha sido destacado por medios como The Guardian y las propias organizaciones sociales argentinas lo tienen como referencia ya que no sólo dota de viviendas dignas a las clases populares, sino que hace de la construcción de esas mismas viviendas el trabajo de sus beneficiarios.

Sala fue detenida el 16 de enero tras una protesta en Jujuy contra el gobernador Gerardo Morales por los recortes en subvenciones para viviendas sociales. Fue acusada de tumulto y encarcelada con la formula de la contravención, que en Argentina no implica más de cinco días de prisión. Cuando ya llevaba casi medio mes, la acusación cambió a asociación ilícita y defraudación a la administración pública por 29 millones de pesos para obras que nunca se realizaron.

Las siguientes detenciones han afectado a sus colaboradores directos, como a Mirta Guerrero, conocida como ‘Shakira’, y Patricia Jaldín. Ya a finales fueron encarcelados funcionarios como Pablo Tolosa, ex integrante del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, y la ex jefa del Departamento Administrativo de Finanzas Marta Gutiérrez, encargada de autorizar los pagos para obras que nunca se hicieron. Apuntan así mismo a Julio De Vido, ministro de Planificación Nacional del gobierno de Cristina Fernández que habría otorgado montos extraordinarios sin justificar a la Tupac por obras ya terminadas y pagas.

El principal denunciante en todos estos casos es el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, del Partido Radical y dentro de la alianza Cambiemos del nuevo presidente Mauricio Macri. Las especiales circunstancias de su detención han valido para que las organizaciones sociales acusen a jueces y fiscales jujeños de “connivencia” con Morales.

Para el politólogo Rodolfo Mariani, consultado vía correo electrónico por este periodista, “la detención es arbitraria e insostenible y el procedimiento está plagado de irregularidades”, algo que lo lleva a concluir que es un tema “esencialmente político” y “no es ni siquiera aceptable” en especular si hay otras razones para actuar contra Sala mientras siga detenida “por delitos que no contemplan que continúe encarcelada y tras cambiar los cargos sin llegar a excarcelarla”. Lo demás “es subvertir el estado de derecho pidiéndole a una persona, Milagro Sala o cualquier otra, que pruebe su inocencia en todos los ordenes de la existencia para poder obtener su libertad”.

Una mesa episcopal, auspiciada es de suponer por el propio Francisco, trató de mediar para que el levantamiento de los acampes en Jujuy y Buenos Aires llevase a la excarcelación con cargos de Sala. Las presiones de Macri para dicho movimiento que nunca se ha producido sirven a los analistas argentinos para apuntar a las diferencias entre macristas del Pro -el partido del presidente, que encabeza Cambiemos y viene del peronismo de derechas- y los radicales como Morales, excluidos en la formación del nuevo gobierno.

En los días del acampe en Plaza de Mayo, Walter Collantes, militante de la Tupac Amaru, comentaba a este periodista que para la organización en que milita “se trataba de asegurar la continuidad de la obra pública” de los últimos diez años, y entienden esta detención “como un ataque a todo el activismo social, una criminalización de la oposición al Macrismo”.

Collantes recuerda que en la última década las organizaciones sociales argentinas, gracias a los programas gubernamentales, levantaron 56.000 viviendas en barrios sociales “que no es sólo tener casa, es que haya guarderías, escuelas, parques…”. Esa atención a las clases más desfavorecidas de Argentina –“los pobres y los de tez más oscura”- es la que temen que se pierda, y compara: “en ocho años como intendente de Buenos Aires, que recauda más que cualquier provincia, Macri sólo levantó 8.000 viviendas sociales”.

Por otro lado, las acusaciones sobre las prácticas de la Tupac Amaru van desde el desvío de fondos a las mucho más graves, si cabe, de prácticas mafiosas entre la población de Jujuy. Por ejemplo, de extorsionar a familias no afiliadas a su organización para que abandonasen viviendas sociales o de agredir a miembros de organizaciones sociales rivales, como la Tupaj Katari, liderada por su antiguo colaborador, Carlos ‘El Perro’ Santillán. Aunque estos extremos no han sido probados nunca, las investigaciones actuales si apuntan a connivencia con las autoridades kirchneristas en el desvío de fondos.

Desde prisión, Sala no ha permanecido inactiva y ha lanzado varios comunicados mientras se negociaba una posible excarcelación e incluso se publicaban noticias sobre su patrimonio personal de respuestas dudosas. Su condición de diputada del Parlasur -el órgano de representación del Mercosur- o la mediación de los obispos argentinos resultaban inútiles para su salida de prisión.

Esteban Castro, líder social argentino de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), conocido como ‘el gringo’, explicaba a este periodista en Plaza de Mayo las razones del apoyo recabado por Sala remontándose a los 90: “en Argentina ha llegado a existir un 35% de lo que llamamos economía informal, la que está fuera del sistema, trabajadores que nunca volverán a tener una obra social o similar. La Tupac Amaru no sólo da viviendas a esas clases populares, es que las convierte en el trabajo de los compañeros, rescatando de la informalidad”.

Según Castro, para este sector de la población, que además en la zona de Jujuy, la región más pobre del país, se identifica también con el de la población indígena “la llegada de Macri amenaza con suponer el fin de ese rescate. La CTEP no apoyamos nunca en todo al Kirchnnerismo, pero tampoco podemos cruzarnos de brazos ante esto, y entendemos que el encarcelamiento de Milagro Sala es para criminalizar a toda la oposición”.

El 1 de marzo, el Congreso argentino regresará tras dos meses de interminable parón que han vivido las numerosas reformas exprés de Macri. Mientras las protestas se espacian y aparecen nuevos cargos y datos de sus presuntas prácticas mafiosas, Milagro Sala está a punto de cumplir un mes y medio en prisión. La polémica por su poco claro legalmente encarcelamiento continuará así ilustrando tanto las desigualdades en juego tras la caída del Kirchnerismo como el régimen clientelar asociado al mismo durante sus 12 años de hegemonía.

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